Hay que poner el Parque Industrial de Junín bajo control obrero

Por Sonia Rodríguez,

 dirigente del Partido Obrero en Junín

Desde 1995 cuando se inauguró el Parque Industrial ha sido zona liberada de inspecciones que registren las condiciones en que trabajan los operarios. Por lo tanto la aplicación del régimen laboral quedó en manos de la patronal. Lo mismo sucede con la contaminación cuando Grobocopatel a fines de los ‘90 impulsó los altos rindes de la soja junto a Monsanto. 

En Octubre de 2011 la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto de ley, para crearse en la PBA plantas de reciclado de envases de agroquímicos y darles destino final. La ley disponía que "todos los productores, responsables de la puesta en el mercado de los agroquímicos, deberán poner en marcha un sistema de depósito y devolución de envases ya utilizados". 

 La ley creó una Autoridad de Aplicación, la que debía registrar los productores de agroquímicos para acreditar que los inscriptos estén autorizados a comercializar sus productos en la PBA. 

Esos productores abonarían anualmente una Tasa Especial –fijada por la Autoridad de Aplicación-, correspondiente a fiscalización, habilitaciones y sucesivas renovaciones, para financiar el reciclado.

 La norma estableció que todos los poseedores de envases de agroquímicos usados deberán almacenar los recipientes ya utilizados y están obligados a devolverlos al productor o dueño de los mismos, con el fin de darles destino final. 

Todas estas disposiciones de ley han sido violentadas desde siempre y los responsables políticos y empresariales tienen en Junín nombre y apellido: Mario Meoni y la Sociedad Rural (SRJ), comprometidos con la instalación de la planta de reciclado de bidones en el Parque Industrial que anunciara el titular de la SRJ, Rodrigo Esponda, el 4/10/2011 en La Verdad de Junín. 

El 10/5/2015 Diario Democracia presenta un facsímil donde aparecen tachados los nombres de los contaminadores y de sus denunciantes. Esto suena a actuar como la mafia para que “los trapos sucios se laven en casa” y que el soberano no conozca la identidad ni de contaminadores del Parque Industrial ni de sus cómplices. No obstante los detalles fueron concretos: “Reacciones alérgicas y descomposturas en trabajadores y mortandad de peces en las aguas del sector”. 

Un mes después, otra vez la contaminación industrial: “el derrame de un desecho líquido por un desagüe del Parque Industrial que causaba irritación en la garganta y ardor en los ojos”. “Se ve un humo blanco que sale por la chimenea y el olor es irrespirable, ni siquiera pueden estar trabajando los empleados de las empresas que están radicadas allí”. “Hasta se queman las plantas”. “La empresa dedicada a la reutilización de bidones de agroquímicos genera olores nauseabundos y gases tóxicos en el aire”. “Los desechos producidos por esta práctica serían recolectados en camiones atmosféricos y, posteriormente, vertidos en el pozo de Capitán Vargas y Borchex, por lo que estos residuos tóxicos irían a parar a la planta depuradora”. (Democracia 10/6/2015). ¡¡Que no funciona!! Esto arma un circuito más amplio y severo de contaminación a otra escala. 

A esta altura cae de maduro que las empresas que producen y fraccionan agroquímicos, materiales considerados peligrosos para la salud humana y/o riesgosos para el medio ambiente, no poseen una forma segura de tratar los mismos ni de descontaminar los elementos de producción y/o trabajo y sus desechos; tampoco existe un programa de tratamiento de los residuos generados en el Parque Industrial. 

El PO propone que se elijan en asamblea en cada empresa del Parque Industrial, Comisiones obreras de seguridad, higiene, descontaminación industrial y contra la precarización laboral. 

Estas Comisiones tendrán poder de decisión y de convocatoria a profesionales y especialistas para 1. Acabar con la contaminación. 2. Revisar que todos los trabajadores estén debidamente registrados. Los contratados y precarizados pasarán a planta permanente con todos los beneficios de ley.