Ni una más ni una menos, mucho por hacer

Dra. Maria Lia Castratovich. Secretaria Legal de la  Fundación Pensar Junin.

Desde el equipo legal del PRO alentamos realizar la denuncia ante una situación de violencia de género y/o familiar. Cuando hablamos de violencia de genero debemos saber que la ley la define como toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecta su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. 
Es necesario que  la sociedad conozca que se puede denunciar la violencia  no solo dentro de los matrimonios, si no también se prevee el caso de uniones de hecho, convivientes, noviazgos, incluyendo a los ascendientes, descendientes, colaterales y/o consanguíneos. Estamos legitimados para denunciar todos los que hayamos tomado conocimiento de hechos de violencia, en especial los organismos públicos o privados que en ocasión de sus tareas tomen conocimiento  de violencia contra las mujeres en los términos de la ley nacional 26.485.
En Junin el circuito que debe recorrer una mujer víctima de violencia comienza con una denuncia en la “Comisaria de la Mujer”, luego de tomarle su denuncia se evalúa si es necesario la intervención del Ministerio Publico Fiscal, el Servicio Local o el Juzgado de Familia que tiene competencia en este tipo de hechos, en este último se la cita a ratificar la denuncia  y mediante un examen del equipo interdisplinario, la Jueza de Familia tiene facultades para evitar que se repitan estos hechos de violencia mediante diferentes medidas como la exclusión del presunto autor de la vivienda familiar, ordenar la prohibición de acercamiento de la persona agresora al domicilio del damnificado  y a los lugares de trabajo, estudio o esparcimiento entre muchas otras.     
Todas las medidas deben ser notificadas  al presunto agresor y es en este momento donde surge la paradoja que vivimos en Junin, porque esta misma mujer que denuncio debe volver al domicilio donde convive con su agresor a esperar que llegue ese papelito donde le informen a su golpeador que debe cesar los actos de perturbación o intimación contra ella y que pacíficamente acate esta orden judicial.
Lamentablemente este el punto donde falla el sistema en Junín, porque en nuestra ciudad no tenemos casas de refugios especializadas para mujeres víctima de violencia de género, a pesar de que existe la ordenanza municipal N° 4622 de Mayo del 2004, por diferentes razones, algunas alegadas a la falta de recursos que no provee la provincia,  desde la fecha a hoy no se ha logrado comprender  en el presupuesto  municipal  esta iniciativa tan necesaria.
Por el momento solo en casos excepcionales son derivadas a un hotel para evitar que vuelvan a su casa y suceda lo peor, pero esta no es la solución ya que en una pieza de un hotel no tienen la contención ni la asistencia apropiada al caso.
Creemos que para que las leyes sean operativas, las políticas públicas deben ser adecuadamente diseñadas y aplicadas por un organismo que tenga suficiente autonomía, jerarquía y presupuesto como para poder ejercer ese rol fundamental. 
Desde el equipo de la Fundación Pensar cada vez que recorremos los barrios para conocer las problemáticas de la ciudadanía, con la comisión de desarrollo social que está integrada tanto por asistentes sociales como por abogadas,  difundimos  este mensaje de prevenir denunciando y si es necesario hacemos el acompañamiento necesario para dar el primer paso, informado que no se requiere patrocinio letrado y que la ley le garantiza la gratuidad de la actuaciones judiciales como la posterior asistencia jurídica.     
El principal problema no es consagrar derechos, si no protegerlos para impedir que sean continuamente violados.
Se requiere de una estrategia comunicacional que contribuya a modificar las relaciones jerárquicas entre varones y mujeres, políticas publicas y acciones afirmativas que coloquen a las mujeres como ciudadanas y en tal carácter reciban apoyos, subsidios etc. En otros términos, una clara voluntad política de tomar todas las medidas necesarias para prevenir la violencia, creando espacios de atención. 
La ley es necesaria, pero no suficiente. Sin ley las políticas sociales pierden fuerza, son dispersas y ningún funcionario tiene la potestad de un Juez de poner un límite a la violencia excluyendo al agresor de la vivienda o reintegrando a la mujer a su hogar. Ley y política son términos imbricados, uno cobra sentido en el otro.